Errores comunes al aplicar las Leyes 39/2015 y 40/2015 y cómo evitarlos
El Derecho Administrativo en España se apoya en dos normas básicas fundamentales:
1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Estas dos leyes básicas tienen como objetivo principal regular el funcionamiento de las Administraciones Públicas y, en especial, establecer los procedimientos necesarios para la adopción de resoluciones, la validez de los actos administrativos y el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, incluyendo las relaciones entre ellas (cooperación y coordinación). Su conocimiento y manejo es esencial, especialmente en el ámbito de la función pública, para poder desempeñar de forma correcta las funciones asignadas, y evitar posibles errores en la tramitación de los procedimientos.
La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común, estableciendo cómo deben actuar las Administraciones en la toma de decisiones, los requisitos de los actos administrativos para garantizar su validez y eficacia, y qué recursos pueden interponer los ciudadanos frente a dichas decisiones (recurso de alzada, recurso potestativo de reposición, recurso extraordinario de revisión, etc.). Por su parte, la Ley 40/2015 define la organización y funcionamiento de las Administraciones, los principios de actuación y el sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Sin embargo, en la práctica, su aplicación no siempre es sencilla, generando errores que pueden afectar a la validez de los procedimientos, generando demoras o incluso responsabilidades.
Uno de los fallos más habituales es la práctica incorrecta de las notificaciones administrativas, ya sea por elegir un medio de notificación inadecuado (notificaciones en papel o electrónicas), omitir datos esenciales, o incumplir los plazos establecidos en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015. Por ejemplo, no se considera cumplida la obligación de notificar si la resolución dictada en un procedimiento sancionador, se envía por el órgano administrativo competente sin contener el texto íntegro de la misma. Es fundamental verificar que la notificación incluya el contenido obligatorio, y comprobar si el destinatario está obligado a recibir notificaciones electrónicas, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015.
Otro error recurrente es el cómputo incorrecto de los plazos administrativos: confundir días hábiles y naturales, o calcular mal la fecha de inicio y fin (artículo 30 de la Ley 39/2015). Esto puede suponer que determinados actos se realicen fuera de plazo, y/o con graves consecuencias. Por ejemplo, si un interesado presenta un recurso de alzada contra una resolución el 2 de agosto creyendo que tiene un mes para hacerlo, y efectúa el cómputo únicamente días hábiles, incurriría en un error, dado que el plazo concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes de vencimiento, es decir, finalizaría el 2 de septiembre. En este caso, el recurso se presenta fuera de plazo, y supone su inadmisión (artículo 116 de la Ley 39/2015). Para evitar este tipo de errores, es imprescindible recordar que los plazos se cuentan en días hábiles. Además, si se fijan en meses o años, concluirán el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.
Otro problema frecuente es la falta de motivación de los actos administrativos, lo que puede generar inseguridad jurídica, e incluso la invalidez de los actos administrativos.
La Administración está obligada, en los términos señalados en el artículo 35 de la Ley 39/2015, a justificar y motivar sus resoluciones y actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho que avalan su decisión. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de una localidad deniega una licencia de obras sin incluir en su resolución las razones técnicas y referencias normativas que justifican la negativa. Esta actuación puede dar lugar a la invalidez del acto dictado, siempre que el presente el recurso correspondiente. Para evitarlo, es fundamental incluir siempre una motivación clara y suficiente, y aplicar el artículo 35 de la Ley 39/2015, que establece los casos en los que la motivación es obligatoria.
La incorrecta delegación de competencias (artículo 8 y siguientes de la Ley 40/2015) es otro de los errores habituales en la Administración Pública. Delegar funciones sin cumplir los requisitos legales, o sin la publicación en el Boletín Oficial correspondiente, puede hacer que los actos dictados por ella sean inválidos. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos cuando un director general dicta una resolución en materia de contratación pública y no cuenta con la delegación formal del Consejero competente. En este caso, y al no haberse publicado la resolución en el Boletín Oficial, dicha resolución puede ser impugnada y declarada nula. Para evitarlo, es esencial que la delegación de competencias se encuadre dentro de los artículos 8 y 9 de la Ley 40/2015 y asegurarse que se ha procedido a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
Por último, debemos hacer mención a la falta de coordinación entre administraciones, puesto que es otro de los problemas que afectan a la gestión administrativa. Las Administraciones Públicas deben actuar de manera coordinada, evitando duplicidades y conflictos de competencias. En este contexto, y para eludir los problemas que puedan derivarse, es conveniente aplicar el artículo 3 de la Ley 40/2015, usar plataformas y/o registros electrónicos. También se pueden establecer convenios de colaboración entre Administraciones Públicas, de forma que queden claramente definidas las competencias y coordinen actuaciones conjuntas.
En conclusión, un conocimiento adecuado de la Ley 39/2015 y 40/2015 evitará errores en su aplicación práctica. Esto no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también mejora la eficiencia y seguridad jurídica de la Administración Pública.
